El viernes último, mientras colapsaba la página del gobierno de CABA para la vacunación, y eran procesados por espionaje ilegal los exjefes de la AFI Silvia Majdalani y Gustavo Arribas entre otros; apenas presentado el Consejo Económico y Social con todas sus expectativas, un hecho inesperado frenaba las rotativas y eclipsaba cualquier noticia: el periodista Horacio Verbitsky confesaba haberse vacunado contra la covid merced a sus buenas relaciones con el Ministro de Salud Ginés González García. Nada importaron las sendas trayectorias de los protagonistas. Un diluvio de piedras de los que jamás pecaron, no deja de caer.
Pero el verdadero delito es muy otro.
LA CORRUPCIÓN NO
IMPORTA
Según su propia
confesión, Horacio Verbitsky accedió a la vacuna contra la Covid-19 merced a su
amistad con el ahora ex Ministro de Salud Ginés González García. El Ministro fue
echado, Verbitsky linchado.
En su portal, El
Cohete a la Luna, hoy se disculpa, Verbitsky, reconoce el error, y lo lamenta.
Y por mucho que nadie le crea o se lo permita, admite que él también es capaz
de una estupidez. De un lado y del otro de la grieta, no paran de llover las
piedras de los que jamás pecaron, y lo sepultan.
El affaire
recuerda el explosivo caso de “los bolsos de López”, cuando la indignación
gorila desbordó su propia pecera y anegó incluso el núcleo duro del
kirchnerismo. Vestiduras rasgadas de un lado y del otro. Pero en ambos asuntos,
la razón del escándalo es la misma: el error, el desliz, la falta -“el crimen”,
si se quiere- no estaba ni está en los bolsos llenos de dinero inexplicable, ni
en la vacuna otorgada a un “amigo”. El problema, en ambos casos, consiste en la
ideología que ostentan los responsables: ser o pertenecer o apoyar un gobierno peronista.
El resto son apenas excusas.
Porque un
presidente argentino puede tener 50 off-shores, y no pasa nada. Es más, un
presidente argentino puede modificar por decreto una ley aprobada por ambas
cámaras del Congreso para permitir el blanqueo de la fortuna que él y su propia
familia amasaron a partir de largos de años de fuga de divisas y evasión impositiva.
Todo bien.
Un presidente
argentino puede incluso entregarle a sus amigos centrales eléctricas, parque
eólicos, infinitos buenos negocios; intervenir la justicia a través de una mesa
judicial desde luego ilegal; utilizar los servicios de inteligencia del Estado para
perseguir adversarios y de paso encarcelarlos; puede hostigar, presionar o
eliminar fiscales y jueces para limpiar sus propios delitos; aumentar las
tarifas de las autopistas de su propiedad para inmediatamente venderlas más
caras; robarse el Correo y perseguir a quien lo investigue; reunirse con jueces
para instruirlos sobre su fallos, y hasta sacrificar un submarino de la Armada
Argentina con sus 44 tripulantes, y mucho más. Todo le es permitido.
Mejor, peor: un
presidente argentino, incluso ilegítimo, puede saquear el Estado, destruir la
industria nacional, secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer miles y miles
de personas, arrojar seres vivos pero narcotizados a las aguas del Río de la
Plata, traficar recién nacidos, y mucho más, y tampoco pasará nada, los grandes
medios lo seguirán aplaudiendo, y la justicia seguirá ausente. Apenas debe
tomar la precaución de no ser peronista, y bueno, y por lo tanto, facilitar los
grandes negocios de las grandes corporaciones que lo sustentan. Caso contrario…
De hecho en la Argentina
ni siquiera hace falta ser presidente para transgredir la ley o carecer de la
más mínima ética y seguir como si nada, basta apenas con ser antiperonista, y
la protección mediática -y por lo tanto judicial-, estará asegurada.
La diputada Carolina
Píparo y su marido intentaron asesinar a unos motociclistas, y ella sigue sin
renunciar a su banca ni a su cargo como directora de Asistencia a las Víctimas.
Todo bien. Pero un diputado peronista, en cambio, no podrá tocarle una teta a
su esposa sin perder la banca.
Un presidente del
Banco de la Nación Argentina puede otorgar créditos récords aun sabiéndolos
incobrables, siempre y cuando los beneficiarios sean amigos, por muy fundidos
que estén -caso González Fraga-Vicentín-, y ni siquiera será llamado a
indagatoria, ya no detenido. Pero un ministro peronista, aún muriendo de cáncer,
sufrirá prisión domiciliaria sin siquiera el permiso para tratar su enfermedad
tan solo porque los grandes diarios lo acusan de encubrir a los responsables de
la voladura de la AMIA. Tampoco importarán, ni se admitirán, las pruebas de su
inocencia.
Oscar Aguad,
Ministro de Defensa del gobierno macrista, puede perder un submarino, ocultar durante
meses que ya lo encontró, mentir públicamente, cagarse en la tripulación
sacrificada y en todos sus familiares, y seguir de vacaciones. Pero un ministro
kirchnerista debe ir preso por una tragedia ferroviaria por mucho que el maquinista
confiese que fue su culpa.
En dicha línea, las
analogías posibles son innúmeras, ni vale la pena el inventario, porque la
corrupción no importa: el corrupto es lo que importa. Si es peronista, o no. Ahí
el error, el desliz, el verdadero delito: ser o pertenecer o apoyar a un
gobierno peronista. El resto es espuma mediática, su consecuente agitación
judicial, y desde luego, la correspondiente indignación pequeño burguesa, esa vieja
tentación hipócrita de sentirse mejor que nadie apenas porque el otro fue descubierto,
y nosotros no.
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